¿Cuántos miles de millones de pesos se han invertido en la ampliación y modernización del Puerto de Veracruz? La pregunta no es ociosa ni técnica: es política, social y moral. Porque la interrogante de fondo no es cuánto se ha gastado, sino a quién ha beneficiado ese gasto. Si a los veracruzanos que viven, trabajan y pagan impuestos, o a un circuito cómodo de constructoras, administraciones portuarias y funcionarios que confunden inversión pública con botín privado.
Veracruz ha sido vendido —otra vez— como vitrina del progreso. Dársenas más grandes, escolleras más largas, plazas “emblemáticas”, renders luminosos y discursos con casco blanco. Pero el progreso verdadero no se mide en metros cúbicos de concreto ni en comunicados triunfalistas; se mide en calidad de obra, seguridad, durabilidad y beneficio social. Y ahí, precisamente ahí, el discurso se cae. Literalmente.
Para muestra un botón que pesa 118 millones de pesos. La llamada Plaza del Heroísmo, ubicada en el malecón de Veracruz y bajo jurisdicción de la ASIPONA —organismo dependiente de la Secretaría de Marina—, sufrió el derrumbe parcial del techo de varios locales de artesanías. Dos meses de construida. Dos meses. Y no, no hubo “Norte”, no hubo huracán, no hubo sismo. Hubo, eso sí, una obra mal hecha.
Protección Civil del Ayuntamiento tuvo que acordonar la zona para evitar una tragedia. No ocurrió una desgracia mayor por una razón ajena a la planeación: la escasez de turismo. La ironía es cruel. La falta de visitantes evitó que hubiera lesionados. El abandono salvó vidas. Así de absurdo.
El dato es contundente y no admite maquillaje: 118 millones de pesos invertidos en un proyecto que no resistió ni su propia inauguración. El antiguo Mercado de Artesanías Miguel Alemán, demolido en octubre de 2024, duró casi 50 años sin registrar un solo problema estructural. Medio siglo. La nueva obra, en cambio, no sobrevivió dos meses. ¿De verdad necesitamos más pruebas para hablar de mala calidad, negligencia o algo peor?
Aquí conviene poner nombres a las responsabilidades, no para linchar, sino para exigir cuentas. La obra fue entregada por la ASIPONA, bajo la tutela de la Secretaría de Marina. La ejecución estuvo a cargo de una constructora que, hasta ahora, no ha dado la cara públicamente. Y los locatarios, despojados de su espacio histórico y obligados a esperar una “modernización” prometida, hoy exigen lo mínimo: que alguien responda.
No se trata de un accidente menor ni de un “detalle técnico”. Se trata de dinero público. De recursos que provienen de impuestos, derechos portuarios y fondos federales. Se trata de la confianza ciudadana, esa que se erosiona cada vez que una obra se presume antes de ser revisada, inaugurada antes de ser probada y entregada antes de ser segura.
El problema es más amplio que un techo caído. Es un modelo de gestión donde la prisa política vence al rigor técnico; donde el contrato importa más que la supervisión; donde la foto de la inauguración vale más que el dictamen estructural. Y cuando eso ocurre, el discurso del desarrollo se convierte en retórica hueca.
La ampliación del Puerto de Veracruz ha implicado inversiones multimillonarias durante años. Nadie discute la necesidad de modernizar infraestructura estratégica. Lo que se discute —y con razón— es la opacidad, la falta de auditorías públicas claras, la ausencia de sanciones ejemplares y el silencio institucional cuando algo sale mal.
La Secretaría de Marina, que administra la ASIPONA, tiene una obligación doble: como autoridad y como depositaria de confianza pública. No basta con acordonar y prometer reparaciones en 50 días. Eso es control de daños, no rendición de cuentas. La pregunta es simple y brutal: ¿habrá sanciones?, ¿se revisarán los contratos?, ¿se hará pública la evaluación técnica de la obra?, ¿o todo quedará, otra vez, bajo la alfombra del “no pasa nada”?
Veracruz no necesita plazas simbólicas que se derrumban ni heroísmos de cartón. Necesita obras bien hechas, funcionarios responsables y constructoras que entiendan que no están jugando con maquetas, sino con vidas humanas. El verdadero heroísmo hoy sería decir la verdad, asumir culpas y castigar la incompetencia.
Porque cuando el concreto se cae tan rápido, lo que realmente está en ruinas no es un techo, sino la credibilidad del discurso oficial.
En Veracruz, el problema no es que se caiga el techo: es que nadie quiere sostener la responsabilidad.