De los campos para la siembra de la caña de azúcar por miles de productores, muchos de estos se han tenido que mover a las calles y oficinas del gobierno, entre protestas y citas para buscar ser atendidos.
La trilogía que forman cañeros (productores), trabajadores azucareros (obreros en fábricas) y los industriales de la gramínea (los dueños y ejecutivos de las empresas) son un bloque de la economía mexicana de alta potencia social y política.
Desde hace mucho tiempo —en este espacio— he venido insistiendo —no soy el único— en la necesidad de información y comunicación a través de arterias que eviten movilizaciones, bloqueos y manifestaciones lejanas al diálogo para atender la crisis interna de la industria azucarera en conjunto, pues no solo el tema del precio es lo que debe atenderse.
El sector gobierno —federal y estatal en el caso de Veracruz y estados donde hay ingenios— no haría mal en implementar un plan integral para la atención y rescate de la caña de azúcar. Y es que los momentos de crisis en el precio cruzan por otros terrenos más allá de la tierra donde se siembra.
La medida, aunque un poco desfasada porque la zafra en Brasil ya va a terminar (inicia en mayo por la diferencia de estaciones), no aplica con EEUU por el T-MEC y no se ha dicho nada del control del contrabando del azúcar que, se dice, entra vía aduanas, así que creo no hay que esperar mucho para sentarse y acordar todas las partes, antes de que sea demasiado tarde para la caña y el azúcar.
Además, los ingenios en su mayoría siguen funcionando con maquinaria y procesos de mediados del siglo pasado y en el campo se siguen usando hasta yuntas de bueyes, por lo que los costos de producción son altos y los márgenes de ganancia escasos.
Tan solo, para sembrar una hectárea de caña invierten en promedio 50 mil pesos, más otros 60 mil de trabajos y corte para que, si bien les va, produzca unas 60 toneladas en tierra de temporal, y si la pagan a mil pesos ya tienen -50 mil de saldo, por lo que hasta la siguiente zafra pueden empezar a ver cierta utilidad.
Así que falta que se aborde la parte quizá menos rentable políticamente —porque no está fácil—, que es la de mejorar la productividad y el acceso a la tecnología, pero el destino alcanzó a la industria, gobierno y sociedad.
Sin duda, la crisis de precios ocasionada por la sobreoferta interna, los altos inventarios y el desplome de los precios llevan a cañeros a tener que demandar al gobierno federal un pago mínimo de 300 pesos por tonelada de caña de azúcar, pues es un secreto a voces que las importaciones de azúcar “subvalorada” de Guatemala y Brasil, así como la importación de jarabe de maíz de alta fructosa, mermaron sus ganancias, dejando a productores en el país en bancarrota, y es que las presiones a las oficinas de gobierno no es la vía, pues creo que todo debe partir de oírse todos y de ahí trazar estrategias con estrategas que sepan y conozcan del asunto, pues no se ven personas experimentadas en algunas oficinas públicas.
Y es que endurecer barreras arancelarias para las importaciones de azúcar de países con los que México no tiene tratados comerciales no funciona ni funcionará, ni con el 165 % ni con el 210 %, pues se debe revisar la agroindustria de la caña de azúcar, atendiendo el mercado y sin riesgo a la rentabilidad y viabilidad de toda la cadena productiva, de donde —en el caso de Veracruz— poco más de 1.2 millones de personas viven de los ingenios, pues en más de cien municipalidades se siembra caña.
Los compromisos de México ante la OMC (Organización Mundial del Comercio) tienen sus límites multilaterales, pero primero se deberá partir de oír a cañeros, trabajadores y también a los industriales, y es que las importaciones en términos arancelarios del azúcar de caña, el azúcar líquida refinada, el azúcar invertido, los productos con alto contenido de azúcar y jarabes aromatizados o coloreados, fluyen en otros sectores de la economía que se verían afectados.
De ahí que a las protestas de cañeros se estarían por sumar las de azucareros, pues la industria arrastra pérdidas millonarias en los años recientes y zafras. Así que la imposición del arancel sobre las importaciones de azúcar es una medida defensiva —necesaria— pero que resulta insuficiente por sí sola para equilibrar el mercado, y si no, al tiempo.
En México se necesita de una estrategia que garantice precios justos, sostenibilidad y estabilidad para el consumidor y el sector cañero, azucarero e industria, de ahí que debe construirse una mesa de diálogo amplia.
Servidores públicos federales y estatales, creo que deben inmiscuirse más en la problemática de la caña de azúcar y no fallarle a doña Claudia Sheinbaum y a doña Rocío Nahle, pues de no aportarles mejor esfuerzo y capacidades, los diagnósticos y soluciones pueden no resultar favorables.
DE SOBREMESA
Existen 18 ingenios azucareros en Veracruz de los 49 que muelen caña de azúcar en el país, es decir, el 37 % de las fábricas están en la geografía veracruzana. Y todos los industriales deben a los productores cañeros y a los trabajadores de las factorías por diversos conceptos dentro de las prestaciones pactadas, pero por si fuera poco, también le deben al IMSS, INFONAVIT, SAT, FONACOT, entre otras instancias.
Las organizaciones cañeras y el sindicato de la industria azucarera todavía muestran cierta y aparente solidaridad y hasta silencio, pero ese hermetismo está saliendo a las calles como a las carreteras.
Justo semanas antes de que la gobernadora Rocío Nahle tomara posesión —hace un año—, en gira por la región de Orizaba fue abordada por trabajadores del ingenio El Carmen, sección 127 del sindicato en Ixtaczoquitlán, y quienes le solicitaron intervenir en el conflicto laboral por un adeudo de la empresa a los obreros de casi 90 millones de pesos por salarios y prestaciones que no les han pagado.
Y se sabe que otras factorías tienen semanas sin que algunos industriales paguen salarios, becas, primas para pensionados, prestaciones económicas y sociales entre otros beneficios a productores y trabajadores, y estos asuntos deben atenderse a tiempo.
¡ES CUANTO!
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