Como gobernadora de un estado tan importante por su densidad poblacional, como Veracruz, Rocío Nahle estaba llamada a ser la mejor aliada política de la presidenta Claudia Sheinbaum, al mismo nivel que la maestra Delfina Gómez, del Estado de México, y quizá por encima de Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la CDMX, quien en 2024 se le atravesó a Omar García Harfuch, el exjefe policiaco impulsado por la ex mandataria capitalina. Pero, hasta ahora, la ex secretaria de Energía le ha quedado a deber a la jefa del Ejecutivo federal.
Algunos políticos veracruzanos que han tenido oportunidad de conversar con funcionarios del primer círculo presidencial, comentan que la sucesora de Andrés Manuel López Obrador ha expresado muy en privado cierto desencanto por el desempeño de la mandataria estatal, sobre todo ante la reciente crisis por las inundaciones que devastaron a varios municipios del norte de la entidad. Y es que muy independientemente del saldo trágico –cuyo número de muertos y damnificados rebasó al de los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro–, en la capital del país tienen la percepción de que Nahle se autogenera conflictos por su temperamento y carácter explosivos, además de su estilo autocrático de gobernar.
Hasta ahora, en este primer año de gobierno, no se ha visto que sepa delegar el poder, ni siquiera a su secretario de Gobierno, quien antes que ella debió estar en la primera línea para atender y contener los reclamos de la población desesperada ante el fuerte impacto del fenómeno meteorológico en la zona de la Huasteca veracruzana.
Pero, además, como se suele decir coloquialmente, es de “mecha corta” y no tiene la tolerancia ni la paciencia y prudencia de los antiguos gobernantes y burócratas priistas que solían repetir un dicho que algunos le atribuyeron al desaparecido escritor Carlos Fuentes pero que en realidad fue una frase que acuñó don Adolfo Ruiz Cortines, un célebre veracruzano, muy austero, que llegó hasta la Presidencia de la República: “la política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos”.
También se le ha complicado comunicar, lo que han aprovechado sus detractores para ridiculizarla o cuestionarla. Hoy todavía anda aclarando una equívoca expresión que hizo un día antes de que se desbordara el río Cazones e inundara las colonias bajas de la ciudad de Poza Rica. Sigue reiterando que la malinterpretaron, pero a estas alturas parece que a nadie le interesa. Sin embargo, el daño ya está hecho.
Lo mismo le sucedió dos meses antes con la desafortunada declaración sobre la maestra jubilada y taxista Irma Hernández, secuestrada el 18 de julio en el municipio de Álamo por sicarios de un grupo criminal que la obligó a grabar, hincada y maniatada, un video en el que les hizo un llamado a sus compañeros del volante para advertirles que “con la Mafia Veracruzana no se juega” y que mejor pagaran “su cuota”.
El cadáver de la profesora retirada apareció una semana después. Pero este delicado caso, que bien pudo dejar que la fiscal general Verónica Hernández Giadáns informara sobre la indagatoria ministerial, la gobernadora lo abordó a su manera provocando una gran polémica, pues declaró a un noticiero de una estación de radio del puerto de Veracruz que “en una media choza, lamentablemente estaba el cuerpo de la maestra, (…) fue violentada la maestra, nos están indicando los forenses, que parece ser que a raíz de esta violencia le dio un infarto”.
Su último desacierto fue por el tema de la revocación de mandato. El lunes 27 de octubre
la gobernadora afirmó que quienes la promueven deberán esperar a los tiempos legales, al señalar que ella fue electa para gobernar hasta 2030. “Está bien, ahí que se entretengan” y “no estoy para darle contentillo a carroñeros”, respondió ante la pregunta sobre las voces que impulsan que este ejercicio democrático se realice en 2027.
“A Veracruz se le respeta. Este pueblo merece respeto y su gobernante también”, sentenció.
“¿Cómo es posible que en plena contingencia aflore lo peor de un sectorcito?”, comentó.
Sin embargo, en contraparte, los legisladores de su partido en el Congreso de la Unión están por reformar la Constitución para que la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum no sea en 2028 como lo dejó establecido el ex presidente López Obrador, sino en 2027 para que coincida con las votaciones para elegir diputados federales en los 300 distritos del país, a gobernadores de 16 estados y a otro paquete de juzgadores del Poder Judicial de la Federación, lo que los legisladores y líderes de partidos de oposición están rechazando porque aseguran que la inclusión de la jefa del Ejecutivo federal en las boletas le daría ventaja a Morena.
¿Acaso es que Nahle sabe que son tan altos sus negativos en Veracruz que no le conviene someterse a la revocación de mandato? Empero, algunos destacados militantes de su partido, como el senador Manuel Huerta, siguen insistiendo en que la gobernadora en funciones vuelva a pasar la prueba de las urnas.
JOANA MARLÉN BAUTISTA
NIEGA INHABILITACIÓN, PERO…
Hace una semana comentamos aquí que la que reaccionó como leona herida fue la ex directora general de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Joana Marlén Bautista, recién nombrada coordinadora de Compras en el Extranjero del Metro de la Ciudad de México por el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcaba, el ex alcalde ex priista de Cuajimalpa recién adoptado por la 4T.
El enojo de la señora Bautista fue porque presuntos operadores mediáticos del ex diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, que actualmente está a cargo de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en la entidad, así como de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, cuestionaron su nuevo nombramiento debido a que supuestamente estaba inhabilitada por 10 años para ocupar un puesto público tras las denuncias presentadas en su contra y de otros tres de sus ex colaboradores –Elvis Viveros Arroyo, ex jefe del Departamento de Servicios Generales; Ofir Aly Gutiérrez Ponce, ex subdirector de Recursos Materiales, y Manuela Saldaña Ríos, ex subdirectora de Recursos Financieros– por presuntos desvíos millonarios en el Poder Judicial del Estado durante el sexenio anterior.
Bautista Flores recriminó en sus redes sociales que ésta “es la cuarta vez que hacen una campaña negra en mi contra”, remarcando que “no estoy inhabilitada”, “no tengo denuncias” y exigiendo que “ya basta de tanta violencia que hicieron y siguen haciendo en mi contra”.
Amagó con que “voy a denunciar a los servidores públicos que se (sic) que estan (sic) atrás y a los mismos periodistas que llevan 4 años violentandome (sic)”.
Aseguró saber bien quién está “atrás de todo esto” y mencionó directamente al ex líder del Congreso local y actual delegado federal Gómez Cazarín, y a la ex presidenta del Poder Judicial, Jiménez Aguirre.
“Ella y todo su equipo que paga notas desde el organo (sic) administrativo del PJ de Veracruz y por si (sic) puesto desde bienestar (sic)”. Inclusive acusó que “el odio” en contra de ella “es porque en su momento yo no iba a firmar actos de corrupción ni darles contratos a empresas fantasma”.
Finalmente clamó: “Dejenme (sic) en PAZ!”. Y finalizó advirtiendo: “Si es necesario hablar con la Presidenta de la República lo haré. Pero sepan que ya se acabo (sic), a partir de ahora si me pasa a mi (sic) o a mi familia los señalo directamente a ellos. Ya basta de violencia y mentiras”.
También difundió un par de documentos para demostrar que no estaba inhabilitada.
Uno fue la Constancia No. 53830, fechada el 04 de agosto 2025 en la Ciudad de México y firmada por Sofía Karina Rosas Loza, designada para dar atención a los asuntos a cargo de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas mediante oficio SCG/396/2024 de fecha 30/DIC/2024.
En dicho documento se asienta: “En atención a su solicitud recibida el 04 de agosto de 2025, mediante la cual solicita le sea expedida la Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación: esta Dirección de Situación Patrimonial, con fundamento en los dispuesto en el artículo 257 fracción XII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y en cumplimiento al artículo 27, último párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, hace constar que, una vez revisado el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública de la Ciudad de México, no se localizó a esta fecha registro que determine que usted se encuentre inhabilitado (a), para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.”
El otro documento es el oficio que, fechado también en la Ciudad de México, dirigió hace una semana, el pasado martes 04 de noviembre, a la Mtra. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual, con base en diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, le solicita que “se sirvan tener a bien retirar mi nombre de la Plataforma Digital Nacional de Personas Sancionadas, toda vez que, como se acredita con las constancias que refiero y anexo al presente escrito, no me encuentro sancionada ni inhabilitada.”
O sea que hasta hace poco su nombre sí aparecía en dicha plataforma, derivado presuntamente del Procedimiento Administrativo Sancionador número 29/2024, que sus detractores divulgaron.
Ojalá que Joana Marlen Bautista nos haga llegar las constancias para compartirlas con nuestros lectores interesados en dar seguimiento a su caso.