El Baldón
José Miguel Cobián
Zenyanzen, tú eres el diputado federal del distrito donde vivo. En mi calidad de ciudadano te solicito lleva al seno de tu bancada la posibilidad de legislar sobre los siguientes aspectos, que afectan a los ciudadanos, no solo de la zona centro del estado, sino de todo el país.
Entiendo que no pasará ninguna modificación de las que propongo, porque no conviene a los intereses del gobierno federal, pero el solo hecho de llevar la reflexión a la bancada, puede que logre sensibilizar a algunos legisladores de tu partido, para que, aunque públicamente respalden todas las iniciativas de ley emanadas de quienes mandan en Morena, cuando menos en privado, existan discusiones que a largo plazo, puedan mejorar la situación de la ciudadanía mexicana y obligar al gobierno, sobre todo al federal, a cumplir adecuadamente con su función y atención a las necesidades de los ciudadanos.
Artículo único: La autoridad federal está obligada a otorgar una contraprestación a los ciudadanos, en caso de que la autoridad federal incumpla con sus obligaciones para los ciudadanos mexicanos en el ámbito de su competencia, acorde a lo siguiente:
- Si algún ciudadano se ve obligado a pagar derecho de piso, el importe de este pago será descontado directamente del pago de impuestos, derechos y aprovechamientos federales que dicho ciudadano esté obligado a pagar, sean éstos IEPS, IVA, ISR, o cualquier otra denominación con la que sean conocidos.
- Si algún ciudadano sufre un robo en carreteras federales, el gobierno de México estará obligado a reponer el valor de los bienes robados, los cuales serán detallados verbalmente por la víctima del robo, sin necesidad de mostrar facturas que demuestren la adquisición de dichos bienes. En caso de que la víctima del robo tenga algún bien asegurad entre los que fueron sustraídos, la autoridad se obliga a pagar el deducible y coaseguro, además de la diferencia entre valor de mercado y valor de reposición que otorgue la aseguradora.
- En caso de que suceda un accidente en una carretera federal, la autoridad está obligada a recuperar la libre circulación en un plazo máximo de una hora. Durante esos 60 minutos deberá levantarse el peritaje y realizar las maniobras para liberar la vía de comunicación. En caso de exceder de una hora, el gobierno deberá indemnizar a cada particular afectado por el retraso a razón del equivalente del salario diario promedio de cotización en el IMSS dividido entre ocho horas, por cada hora de retraso.
- Ningún ciudadano deberá hacer una fila superior a una hora para realizar cualquier trámite ante una autoridad federal. Las autoridades federales deberán de implementar mecanismos, equipos y personal suficientes, para que la ciudadanía sea atendida de manera pronta y expedita. En caso de tardar más de una hora en atender a un ciudadano, la autoridad deberá de indemnizar a cada ciudadano en dicha situación, con el equivalente del salario diario promedio de cotización en el IMSS dividido entre ocho, por cada hora o fracción que pierda para realizar sus trámites. Los estados y municipios deberán estar obligados a homologar esta medida.
- La autoridad federal se obliga a atender las emergencias de salud de manera inmediata. Si las áreas de emergencia de hospitales federales, centros de salud, IMSS, ISSSTE, etc., se encuentran a más del 80% de su capacidad, la autoridad está obligada a privilegiar en el siguiente presupuesto de egresos federal, inversiones de tal magnitud que eviten las esperas superiores a 30 minutos en las áreas de emergencia de todos sus hospitales. Las sanciones en caso de incumplir, deben llevar a la inhabilitación de los diputados federales que no hayan incluido esta obligación en el presupuesto de egresos. Adicionalmente, los directores de dichos hospitales y clínicas, asumen una responsabilidad legal sancionable con hasta 10 años de cárcel, en caso de que las dependencias que administren cumplan dos años seguidos con una saturación superior al 80% de la capacidad de sus áreas de atención a emergencias. Estarán a salvo de dicha sanción en caso de haber presentado una denuncia ante la auditoría superior de la federación en contra de quienes no hayan aprobado presupuestos suficientes para atender esta demanda, o en contra de quienes manejen el presupuesto si no llega la disponibilidad de recursos a sus administradas. Cualquier ciudadano podrá denunciar el incumplimiento de esta obligación.
- Todos los mexicanos tienen derecho constitucional a la salud. Los derechohabientes de IMSS e ISSSTE podrán demandar a las instituciones de salud en caso de no recibir la atención adecuada, pronta y expedita acorde a las necesidades de sus padecimientos. El importe de la indemnización solicitada no podrá ser menor a 10 veces el costo del tratamiento en un hospital privado, lo cual se probará mediante el presupuesto correspondiente. En caso de muerte de un paciente mal atendido, la indemnización se cobrará al doble por parte de sus herederos. Si no fuera derechohabiente de alguna institución oficial, el gobierno federal está obligado a establecer un sistema de salud financiado con cuotas obligatorias para patrones en economía informal, al cual podrán adherirse tanto patrones, como empleados de la economía informal, en un plazo no mayor a dos años de la fecha de entrada en vigor de esta ley. La autoridad deberá de implementar mecanismos de vigilancia y control, que permitan verificar que todo mexicano con CURP está registrado en alguno de los sistemas de seguridad social. Cualquier mexicano mayor a 70 años tendrá acceso gratuito a los servicios de salud de cualquier institución gubernamental.
- La autoridad está obligada conforme a las leyes mexicanas a investigar cualquier delito del cual tenga conocimiento. Hasta hoy la autoridad ha sido omisa, en particular cuando quien comete los delitos es un político de alto nivel. Se debe establecer en la Constitución la sanción para que en caso de que una autoridad conozca de la posible comisión de un delito, y no lo investigue y sancione, ésta autoridad sea de inmediato separada de su cargo, y se proceda a la sustitución correspondiente conforme a las leyes específicas.
- Ningún funcionario público podrá demandar a un particular ni disculpas ni sanciones económicas por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión. Lo mismo aplica para medios de comunicación y periodistas.
Son algunas de las propuestas de ley que no pasarán, pero que seguramente le harían mucho bien al país.
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