La evolución de los acontecimientos ha propiciado que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encuentren el camino para asumir a cabalidad su categoría de órganos autónomos, con funciones y atribuciones claramente establecidas en la ley. El TEPJF decidió la revisión del voto por voto, casilla por casilla, en la elección para gobernador de Campeche, donde el órgano local ya dio a la candidata de MORENA como virtual gobernadora; también es significativa su exhorto al Congreso federal para votar la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato antes del 30 de septiembre venidero, pues ha incurrido en omisión de acatamiento al segundo artículo transitorio de la reforma que inscribió la Revocación de Mandato en la Constitución que estableció un periodo de 180 días, a partir de su aprobación el 20 de diciembre de 2019, para expedir la ley reglamentaria correspondiente, lo cual a la fecha no ha ocurrido. En ese contexto de una democracia donde imperan los pesos y contrapesos, no queda a la zaga el Instituto Nacional Electoral cuyo crédito se ha consolidado tras la exitosa organización del proceso electoral 2021. No es ocioso, destacar que en la solidez de ambas instituciones del ramo electoral mexicano estriba en buena medida nuestro avance como país democrático.