• Burócratas deciden que periodista vive o muere
  • Dejan a periodistas a merced de los criminales

 Por Ángel Álvaro Peña

La vida de 1,478 periodistas y defensores de los derechos humanos está en peligro; los burócratas que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección están decidiendo quién vive o quién muere…y todo, por ahorrar dinero en estos tiempos de austeridad.

La Junta de Gobierno se ha constituido como un tribunal que sin el mayor respeto a la vida o a la dignidad humana, está ordenando el retiro de la seguridad (escoltas) a periodistas que ejercen su labor bajo amenazas reales de muerte.  

A cientos de kilómetros de distancia de donde los periodistas arriesgan la vida y dentro de una cómoda oficina, los funcionarios integrantes de la “Junta” se sientan y, de manera escalofriante, prácticamente condenan a la muerte a los periodistas que acudieron a ellos buscando protección. 

Estos burócratas de la Junta de Gobierno son funcionarios de SEGOB, FGR, SRE, SSPC y del Consejo Consultivo Ciudadano. Ellos, sin un estudio de campo o diagnóstico real decretan que las situaciones de riesgo de un periodista han disminuido de manera considerable y que su vida no está peligro, procediendo a cancelarles la seguridad.

Todos ellos deberían estar sujetos a un proceso penal, porque son corresponsables -por omisión- de la muerte de 7 periodistas que fueron asesinados estando bajo su protección. ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que sus decisiones significaron la pérdida de vidas humanas?

El 17 de junio del 2021, el comunicador Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado en Oaxaca. Él también se encontraba incorporado al Mecanismo de Protección, pero “alguien” decidió que fuera la seguridad estatal quien velara por su seguridad. Esta decisión le costó la vida.

El Mecanismo de Protección tiene la obligación de salvaguardar la vida, libertad e integridad de los periodistas que se encuentran en riesgo, pero por motivos presupuestales le están cediendo esta gran responsabilidad a los estados y a los municipios.

LA ILEGALIDAD Y LOS ABUSOS DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN

Quien esto escribe ha vivido en carne propia el abuso de poder e incumplimiento de un deber legal de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Periodistas, pues tuve que recurrir a la protección de la justicia federal para evitar que en forma injustificada y arbitraria me retiraran la seguridad.

A pesar de contar con una suspensión del acto reclamado en el expediente administrativo No. 144/2019/00069, de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Junta de Gobierno insiste en quitarme la seguridad y ya acordó retirarme los elementos asignados.

La presidenta de la Octava Sala de dicho Tribunal ha determinado que el personal de seguridad debe permanecer, hasta en tanto no se resuelva en definitiva el amparo. 

Incumplir con esta suspensión representaría una violación del Mecanismo a la Ley de Amparo (Artículo 206) y el Tribunal deberá dar vista a la Fiscalía General de la República para fincarles responsabilidad penal. 

Por “austeridad” el Mecanismo de Protección está estableciendo acuerdos de coordinación con los estados para que las entidades se encarguen del cuidado de los periodistas en riesgo. Esto es una condena de muerte, porque los gobernadores también son represores y persecutores de periodistas críticos.

En mi caso, el Mecanismo quiere que la policía de Cuitláhuac García Jiménez me brinde protección, que consistirá en “rondines aleatorios”. ¿Alguien en su sano juicio confiaría su seguridad y su vida a la Fuerza Civil o la SSP?

La batalla legal que sostengo contra la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Periodistas ha incomodado a más de un funcionario de la 4T, porque en los últimos días se ha recrudecido el hostigamiento de la Fuerza Civil y Guardia Nacional, en mi contra.

Antier, a las 11:45 horas salía del restaurant “Antonios”, ubicado en la esquina de Garizurieta y Juárez, para dirigirme a mi domicilio. Después de abordar mi vehículo, junto con dos de mis escoltas (agentes de seguridad federal) emprendimos la marcha, pero fuimos interceptados por patrullas de la Fuerza Civil y Guardia Nacional, al mando de quien se identificó como Miguel Neri Castelán.

La policía nos detuvo y nos trató como si fuéramos peligrosos delincuentes, aun cuando todos nos identificamos y ellos sabían quiénes éramos. Después de que “corroboraron” que mis acompañantes eran agentes de seguridad federal, nos dejaron seguir nuestro camino. 

A manera de justificación los policías argumentaron que les habían reportado la presencia de hombres armados. Los uniformados que participaron en mi detención viajaban en las patrullas FC-3568 y la 724306 de Guardia Nacional.

Esto pudo haber sido un suceso aislado, pero lo que ocurrió después solo confirma que el estado ha iniciado una nueva campaña de intimidación en mi contra.

Cuando horas después mis elementos de seguridad retornaron -después de dejarme en mi domicilio- para tomar sus alimentos, volvieron a ser interceptados por la Guardia Nacional. Esta vez les preguntaron dónde estaba yo, y les checaron la matrícula y permisos vigentes de sus armas, según por órdenes del alto mando.

Pareciera que el Mecanismo de Protección y el Gobierno de Veracruz se están confabulando para comprometer mi seguridad y mi vida. 

43 PERIODISTAS ASESINADOS EN EL GOBIERNO DE AMLO

En lo que va del gobierno de López Obrador han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del Mecanismo de Protección.

1,478 personas se encuentran actualmente bajo la supuesta seguridad del Mecanismo de Protección; este número refleja que, del 2018 a la fecha, el número se incrementó en un 80 %. 

Pese a este número creciente, el Gobierno Federal redujo el presupuesto de 783 millones en el 2020 a solo 227.6 millones de pesos en este 2021. El gobierno de la austeridad recortó 556 millones.

Una de las razones por las que se está retirando la seguridad a los periodistas en peligro es la falta de dinero. 

Es claro que, en este gobierno, la vida de un comunicador o defensor de los Derechos Humanos no vale nada…