En lo que se antoja como una puntada más en un gobierno de puntadas, la gobernadora Rocío Nahle García tuvo a bien revelarnos que Aureliano Hernández Palacios Cardel, Auditor Superior de la Federación y xalapeño de nacimiento, “no conoce Veracruz”.

En una entrevista radiofónica este lunes, Nahle García se dijo agraviada porque la ASF le pidió las listas de asistencia de todo el magisterio estatal,situación que calificó como una “locura” y puso de ejemplo a Uxpanapa, con sus escuelas multigrado y comunidades sin internet, e ironizó con que habría que entregar “cajas y cajas” de papel. Eso sí, aclaró: “Yo voy a cumplir”. Uuuuuf, menos mal.

Diría el carinicero, vamos por partes. 

Una lista de asistencia no necesita internet. Necesita un maestro que llegue, un director que firme y un supervisor que revise. 

Las escuelas de Uxpanapa no quedan exentas de controlar a su personal por estar lejos; al contrario, es justamente en la lejanía donde florecen el maestro que cobra y no se presenta, el comisionado que nunca pisó un aula y el aviador de nómina y en la SEV le saben al tema. 

Si la gobernadora conoce tan bien Veracruz, sabrá que la nómina educativa ha sido, por décadas, uno de los pozos más oscuros del presupuesto estatal, y que el dinero federal que se transfiere para pagar a los maestros es exactamente lo que la ASF tiene la obligación de revisar. Que sean cajas y cajas no es un argumento. Es, en todo caso, la medida de lo que hay que auditar.

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Para documentar el optimismo, Aureliano Hernández Palacios Cardel es nieto de don Aureliano Hernández Palacios (1908-2002),profesor normalista que dio clases en la Benémerita Escuela Normal Veracruzana y en el Colegio Preparatorio de Xalapa; director de la Facultad de Derecho y rector de la Universidad Veracruzana; juez municipal en Xalapa, juez de primera instancia en Coatepec y Xalapa, magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de 1968 a 1974. 

Poeta, ensayista y cronista, autor de una historia de la propia UV y de los tomos de Polvos del Camino. 

Y, detalle que debería provocarle a la gobernadora un sudor frío, jefe del Departamento Jurídico de los Servicios Coordinados de Educación de la SEP. En la Facultad de Derecho de la UV hay una cátedra que lleva su nombre.

La estirpe no termina ahí, su padre, Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, fue secretario particular de Claudia Sheinbaum en la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Su tío, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, fue procurador Agrario en el sexenio de López Obrador, oficio que consiste, entre otras cosas, en recorrer ejidos y comunidades que tampoco tienen internet. 

Tres generaciones de una de las familias más reconocidas de Xalapa, repartidas entre la academia jurídica, la justicia local y la administración pública federal.

El propio auditor estudió Economía en la Universidad Cristóbal Colón en tierras jarochas, y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. 

Hizo trabajo de control interno y fiscalización en el gobierno de Veracruz, entró a la ASF en 2018 como director general de Auditoría del Gasto Federalizado y desde octubre de 2025 fue auditor especial de esa misma área, la que revisa los recursos que la Federación manda a estados y municipios. 

Traducido: durante siete años su oficio ha sido auditar, entre otras, las cuentas de Veracruz. 

Pocos funcionarios en el país conocen mejor dónde se atoran los dineros veracruzanos. 

El 10 de marzo pasado, la Cámara de Diputados lo eligió con 472 votos, bancada de Morena incluida, para el periodo 2026-2034 en la ASF.

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Aquí, con todo respeto, hay que cuestionar, ¿quién no conoce Veracruz? 

La gobernadora nació en Zacatecas; su arraigo veracruzano se construyó en Coatzacoalcos y, en 2024, su residencia efectiva llegó a ser impugnada ante las autoridades electorales. 

Nadie le regatea hoy la legitimidad del cargo, pero pocas personas en el gobierno estatal están en posición menos cómoda para repartir certificados de veracruzaneidad. 

Más aún cuando es el mismo gobierno que empujó una reforma constitucional para que una persona no veracruzana pudiera encabezar el Orfis. 

Para fiscalizar a Veracruz desde Veracruz, el origen no importa; para ser fiscalizado desde la Federación, de pronto el xalapeño resulta fuereño.

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Además alguien debería recordarle a la gobernadora qué le pasó al último mandatario veracruzano que decidió pelearse con un auditor superior. 

En agosto de 2016, Juan Manuel Portal, entonces titular de la ASF, sostuvo que Veracruz tenía sin solventar más del 90 por ciento de las observaciones de 2011 a 2014 y lo llamó el caso más emblemático de las 32 entidades. 

El gobierno de Javier Duarte salió a refutarlo y el mismo Duarte despachaba los señalamientos con aquel memorable “con el Twitter basta y sobra”. 

Meses antes, Portal había advertido que lo que se configuraba en Veracruz podía llevar al gobernador a la cárcel. 

El final de esa película ya lo conocemos. 

Nadie en su sano juicio equipara a Rocío Nahle con Javier Duarte; sería injusto y temerario y no es de ningua manera, el objetivo. 

Pero la lección institucional es la misma: al auditor superior no se le gana en el micrófono. 

El auditor no da entrevistas ni responde en la radio; firma pliegos de observaciones y esos papeles, gobernadora, llegan aunque no haya internet.

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Lo que resulta francamente inexplicable es la necesidad de abrir un frente más, cuando los que tiene abiertos ya no le caben en la agenda. 

La inseguridad no da tregua; el Sector Salud atraviesa una o quizá la peor de sus crisis, con un Centro de Alta Especialidad con más de mil cirugíascanceladas o suspendidas, su personal marchando por las calles de Xalapa y un coordinador del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, que despacha las denuncias como “campaña de odio” mientras le cuelgan el apodo de “Doctor Muerte”. 

La SEV perdió a su titular por la presión de la Sección 32 del SNTE. 

Y por supuesto, la llegada al Orfis de su subsecretario de Finanzas, el mismo Eric Domínguez que seguramente será le encargado de conducirla al patíbulo y que dividió a Morena en el Congreso con su nombramiento. 

Y un largo etcétera que cualquier veracruzano, de Pánuco a Las Choapas, podría completar sin ayuda.

En ese escenario, arremeter contra el órgano que revisará las cuentas públicas de todo su sexenio no es valentía política ni mucho menos, es mala asesoría, o algo peor. 

Porque cuando un gobierno se queja de que lo auditen, el ciudadano entiende otra cosa, si las listas existen y los maestros están donde deben estar, entregar cajas es un trámite, si no, Veracruz ya vio esta película y sabe cómo termina.

Don Aureliano, el abuelo, que fue normalista antes que rector y juez, se lo habría explicado con paciencia de maestro rural: en Veracruz, la lista se pasa con lápiz y se firma.

Y no gobernadora, NO es lo que usted califica como “nado sincronizado”, es la necesidad de señalar los yerros en un estado que no los merece.

¡Qué barbaridad!

deprimera.mano2020@gmail.com