- Todos los caminos conducen al palacio municipal
José Luis Ortega Vidal
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Tres periodistas de Acayucan, en el sur de Veracruz, han sido amenazados con agresiones físicas en su contra durante distintos momentos del 2026; un año que transcurre bajo condiciones trágicas para el ejercicio informativo veracruzano con los asesinatos de igual número de comunicadores en la entidad: Roxana Berenice Guzmán (+), en Nanchital de Lázaro Cárdenas; Carlos Leonardo Ramírez Castro (+) y Luis Ángel López Valdez (+) en Poza Rica de Hidalgo.
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En el caso acayuqueño el reportero Roberto Montalvo Hipólito, director del medio digital “Las Noticias con Montalvo”, denunció amenazas de muerte el dos de marzo pasado.
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Carlos Gonzalez Alonso, reportero del periódico impreso Acayucan Hoy y director en “De Primera Mano”, medio digital; así como Enrique Quiroz García, escritor y director del sitio “El Manifiesto”, fueron amenazados de muerte a través de un mensaje vía redes sociales signado bajo la identidad de Manuel Sotelo o “Manuel Sotelo”.
Quiroz García presentó su denuncia ante la Fiscalía respectiva donde se debió o se debe determinar si Manuel Sotelo es un nombre propio o un anónimo; pues los afectados no lo identifican.
Estos hechos transcurrieron durante julio del 2026.
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Septiembre se convirtió -en Acayucan- en otro momento álgido y riesgoso para el ejercicio periodístico local, regional y estatal al generarse agresiones vía redes sociales, firmadas por anónimos y dirigidas a ocho comunicadores locales.
Vía memes los insultos, agresiones, difamaciones, son contra Jesús Rodríguez Damián, Lázaro David Chávez, Arturo Armenta Pacheco, Santos López Celdo, Federico Alvarado, José Luis Ortega Vidal, así como los amenazados previamente: Enrique Quiroz García y Carlos González Alonso.
Los memes de marras incluyen solo el nombre de José Luis en el caso del autor de CLAROSCUROS.
Hay, no obstante, un leitmotiv, un elemento común entre los ocho periodistas agredidos: ser críticos del alcalde de Acayucan Raúl David Salomón García y haber realizado coberturas de hechos, acciones, declaraciones, problemáticas políticas internas y externas del Ayuntamiento electo para el ejercicio 2026-2029.
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En el caso de la amenaza de muerte contra Carlos González Alonso y Enrique Quiroz García, en julio pasado, el alcalde Raúl David Salomón García se deslindo y afirmó:
“Jamás en la vida he amenazado a nadie”.
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En la nueva embestida contra periodistas críticos de su labor edilicia el caso más reciente ocurrió el pasado miércoles 23, cuando el palacio municipal fue cerrado por una fumigación “repentina” y “coincidente” con el cumplimiento de una instrucción de la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal que ordena al Ayuntamiento pagar 37 millones de pesos por laudos laborales y reinstalar a treinta y siete trabajadores sindicalizados que llevan diez años con su demanda.
A partir de esta noticia -que constituye un hecho periodístico más- el nombre del presidente Raúl David Salomón García está claramente vinculado a la coyuntura de los comunicadores agredidos.
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Los periodistas insultados vía memes y numerosos textos elaborados por bots (práctica muy común contra reporteros durante lo que va de la actual administración municipal acayuqueña) dieron cobertura, espacios, trabajos de análisis y opinión al burdo rechazo oficial de atender la orden de una Junta de Conciliación auxiliada por un juez de lo civil a favor del sindicato que encabeza la trabajadora Karina Sulvarán Antonio.
Ni el actuario de la Junta de Conciliación ni los trabajadores sindicalizados fueron atendidos, amén de no poder cruzar las puertas del edificio sede del poder municipal cerradas con cadenas.
Un detalle clave para desenmascarar la “fumigación” falsa, estriba en que una oficina del programa Bienestar abrió el miércoles de marras; acaso por descuido del responsable o porque la comunicación del garlito no le llegó a tiempo.
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La querella laboral remite al año 2014 cuando nació el sindicato en cuestión mientras gobernaba la exalcaldesa Fabiola Vázquez Saut.
Los querellantes fueron desconocidos legalmente y despedidos por el expresidente Marco Antonio Martinez Amador (2015-2017).
Posteriormente el exalcalde Cuitláhuac Condado Escamilla (2018-2021) evadió el caso; lo mismo que su relevo, la expresidenta Rosalba Rodríguez Rodríguez (2022-2025); esta última recién señalada desde el ORFIS por presunto daño patrimonial por el orden de los 63.1 millones de pesos durante el ejercicio presupuestal 2025.
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Ante este escenario existe el riesgo de que las agresiones contra periodistas de Acayucan no solo continúen sino que escalen y lleguen a la violencia física ya anunciada bajo amenazas previas y desde el anonimato como sucede durante la actual jornada de insidia, descalificación, insulto, difamación, contra quienes cumplen con el ejercicio cotidiano de informar a la opinión pública.
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El municipio de Acayucan presenta durante lo que va del 2026 uno de los más altos niveles de violencia en materia de asesinatos, secuestros, privaciones de la libertad, desapariciones, asaltos con arma de fuego, robos, extorsión, entre los municipios del sur de Veracruz.
A esta grave situación se suma el ingrato “honor” de ser el municipio donde los periodistas reciben la mayor cauda de agresividad por criticar a la autoridad, o en el contexto de evidenciar sus fallas.
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Urge otro posicionamiento o deslinde del alcalde Raúl David Salomón García, o bien su reconocimiento del potencial origen de estas agresiones desde el Ayuntamiento de Acayucan; ya sea mediante su área de comunicación social o a través de esbirros cobardes, pagados para tal fin o confundidos al pensar que lamer los pies de la autoridad abre la puerta a la solución de sus conflictos existenciales, sean éstos del origen que sean…
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Al presidente municipal de Acayucan no le va bien en esta trama.
A Raul David Salomón García -de ratificar su declaración de inocencia- le conviene dar con los ladrones de la verdad y de la dignidad comunicativa, social y política.
Pues, para propiciar el bien social y político en el municipio a su cargo, es que fue electo…
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La Fiscalía cuenta con expedientes abiertos al respecto,
La secretaría de Seguridad bajo el mando de la gobernadora Rocío Nahle, cuenta con la policía cibernética para dar con los rostros de los cobardes y evitar más daños y tragedias.
¿La Comisión Estatal Para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) tiene modo de jugar un papel digno en este caso?
Es pregunta…