Cada vez que un gobierno anuncia la llegada de una gran empresa, el libreto se repite con precisión casi matemática. Conferencias de prensa, fotografías con ejecutivos sonrientes, discursos sobre la confianza de los inversionistas y una lluvia de cifras prometiendo miles de empleos, desarrollo regional y prosperidad para todos. El mensaje siempre es el mismo: llegó el progreso.
Lo que rara vez aparece en esos anuncios es una pregunta elemental: ¿quién vigilará que esas empresas cumplan con la ley una vez que corten el listón inaugural?
Hoy esa pregunta adquiere plena vigencia frente a las denuncias formuladas por un grupo de trabajadores vinculados con la construcción de la planta de Constellation Brands, instalada en la comunidad de Vargas, en las inmediaciones del puerto de Veracruz. De acuerdo con la representación legal de los obreros y con integrantes de la UGOCP, 279 trabajadores reclaman el incumplimiento en el pago de salarios durante varios meses, además de presuntas violaciones a compromisos derivados de los contratos colectivos de trabajo.
Las denuncias ya fueron llevadas a las instancias laborales y civiles correspondientes. Será la autoridad la que determine responsabilidades. Pero independientemente del desenlace jurídico, el caso revela un problema mucho más profundo: la enorme distancia que suele existir entre el discurso de la inversión extranjera y la realidad cotidiana de quienes ponen su fuerza de trabajo para hacerla posible.
En México hemos convertido la atracción de inversiones en un trofeo político. Gobernadores, secretarios de Desarrollo Económico y alcaldes compiten por anunciar quién trae la empresa más grande, quién obtiene la inversión multimillonaria y quién promete más empleos. Sin embargo, muy pocos hablan del seguimiento posterior. Una empresa no se mide únicamente por el monto de la inversión que anuncia, sino por el respeto que demuestra hacia sus trabajadores, hacia las comunidades donde opera y hacia el medio ambiente.
Las denuncias también incluyen señalamientos sobre posibles afectaciones ambientales en ríos y mantos acuíferos de la zona. Corresponderá a las autoridades ambientales verificar si esas acusaciones tienen sustento técnico. Pero tampoco sería la primera ocasión en que una gran industria llega acompañada de promesas de desarrollo mientras las comunidades terminan enfrentando conflictos por agua, contaminación o deterioro ambiental.
La inversión privada es indispensable para el crecimiento económico. Nadie sensato podría sostener lo contrario. Veracruz necesita empresas, empleos y capital productivo. Lo que resulta inadmisible es aceptar la falsa idea de que atraer inversiones obliga a cerrar los ojos frente a posibles abusos laborales o incumplimientos legales. El desarrollo económico nunca puede construirse sobre la vulneración de los derechos de quienes generan la riqueza con su trabajo.
Por eso el llamado realizado a la gobernadora Rocío Nahle merece una respuesta institucional pronta. No para condenar anticipadamente a nadie, sino para garantizar que las autoridades laborales, ambientales y de procuración de justicia actúen con absoluta independencia. Si las denuncias carecen de fundamento, deberán desecharse conforme a derecho. Pero si existen incumplimientos comprobados, la ley debe aplicarse con la misma firmeza que se ofrecieron las facilidades para instalar la empresa.
También sería oportuno que este caso motive una revisión más amplia de los mecanismos mediante los cuales los gobiernos supervisan a las grandes inversiones. No basta con celebrar la llegada de capital extranjero; resulta indispensable verificar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales, ambientales y sociales asumidas por las compañías beneficiadas.
Las 279 familias que hoy reclaman el pago de salarios no viven de boletines de prensa ni de anuncios de inversión. Viven de su trabajo. El empleo deja de ser un indicador económico para convertirse en la diferencia entre llevar alimento a casa o acumular deudas. Esa realidad nunca aparece en las ceremonias inaugurales, pero es la que verdaderamente define el éxito o el fracaso de cualquier proyecto industrial.
El prestigio de una empresa internacional no se construye únicamente con marcas reconocidas o estados financieros sólidos. Se sostiene, sobre todo, en la confianza que inspira su comportamiento frente a quienes trabajan para ella y frente a las comunidades que la reciben. Cuando esa confianza se rompe, también comienza a deteriorarse la legitimidad del modelo de desarrollo que tanto presumen los gobiernos.
Porque una inversión que presume miles de millones, pero permite que cientos de trabajadores reclamen durante meses lo que ya ganaron con su esfuerzo, no representa desarrollo: representa el fracaso del Estado para hacer valer la ley.