• También deben cubrirle salarios caídos; no puede ser desplazada porque adquirió la condición de inamovible antes de aplicarse la reforma: Hernández Matías.
Irineo Pérez Melo.- El abogado Rafael Hernández Matías, abogado defensor de la magistrada en receso Concepción Flores Saviaga, dio a conocer que la justicia federal la amparó en contra de su desplazamiento de su cargo, pese a tener inmovilidad otorgada por la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo que deberá ser reincorporada en su cargo y cubrirle los salarios y prestaciones económicas caídas.
En conferencia de prensa, expresó que ella alcanzó la nominación de magistrada supernumeraria inamovible, derecho que le impide que sea desplazada por cualquier norma que indique el desplazamiento, la cual solo debe aplicarse a los magistrados que fueron nombrados bajo esa premisa, lo cual no es el caso de la magistrada Flores Saviaga.
Acompañada de la magistrada en receso, el jurisconsulto recordó que ya se había ganado un amparo, en donde se le reconoce su inamovilidad de la cual no podía ser desplazada, se le hizo del conocimiento a la magistrada presidente Isabel Romero y se negó a reconocerlo.
Consideró que con el nuevo amparo de la justicia federal para el efecto que sea reinstalada en forma inmediata y se le paguen todos sus ingresos caídos y se le restituyan todos sus derechos, pues ella es inamovible y ninguna reforma posterior la puede desplazada de su responsabilidad.
El abogado destacó que, si el Poder Judicial impugna esta resolución, podría estar lesionando aún más los derechos de subsistencia ce la magistrada, porque fue desplazada sin ningún reconocimiento de ningún salario mínimo vital.
Al respecto, la magistrada en receso recordó las resoluciones que se dieron a favor de los magistrados que en su momento también fueron desplazados y que tuvieron que ser restituidos en sus cargos, pero al no darle el debido cumplimiento, incurren en una omisión grave, por la cual deben ser sancionados los responsables del Poder Judicial.
En ese contexto, exigió al Congreso del Estado sacar las manos del Poder Judicial y el pleno del Tribunal debe actuar en forma autónoma para restablecer el estado de derecho correctamente, porque todos los amparos han sido concedidos, porque no tiene competencia para el retiro forzoso de los magistrados y negar las ratificaciones que ya fueron concedidas.