Duda de la honradez de una enjuiciadora federal y de la palabra de una legisladora de Morena
Por Ángel Álvaro Peña
El gobernador de Veracruz vuelve a ser noticia a nivel nacional y no precisamente por sus dotes políticos sino por su manera singular de ver y practicar la política.
Magistrados y jueces federales publicaron un comunicado en el que señalan que el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, exhibió y vulneró a la jueza Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en Veracruz, advirtiendo que los dichos del mandatario estatal que podrían derivar en “responsabilidad administrativa como penal”.
Ante esta situación la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dirigida por Froylán Muñoz Alvarado, censuró al ejecutivo estatal por cuestionar la labor de la jueza.
Aunque la enemistad del gobernador no es con los jueces, porque en el caso del Juez Séptimo de Distrito en Veracruz, Ricardo Mercado Oaxaca, quien condujera a la cárcel al diputado federal plurinominal Rogelio Franco Castán, injustificadamente. Tampoco se confrontó con Jesús Velázquez, quien fungiera como abogado defensor de Franco, para traicionarlo y ocupar su curul aprovechando que fuera detenido por ultrajes a la autoridad, también llamada Ley Franco, por ser un cargo hecho a la medida de quien también fue secretario de gobierno de la administración anterior. Es decir, la postura del gobernador no se ubica en la legalidad sino en la conveniencia.
Claro todo esto fue posible gracias al caos que mantenía en el Congreso local la entonces presidenta del Congreso veracruzano, Cecilia Guevara, quien sólo se preocupaba por su carrera política dejando una herencia de ilegalidades y desorden en el legislativo de la entidad.
Por otra parte, calificó de chantajista a la diputada local de Morena, Eusebia Cortés Pérez, por denunciar la presunta corrupción existente en la dirección de Transporte Público del estado, dónde aplican “el afloja todo”, para atender a las personas principalmente a los operadores del volante dentro de los trámites a quienes piden hasta la fe de bautismo. y cobran elevadas multas por grúas.
El gobernador acusó de protagonismo a la diputada quien aseguró que hay corrupción y existe colusión entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que pidió al Secretario hacer algo al respecto para que termine esta situación que afecta a los taxistas.
En ambos casos sus críticas están dirigidas a mujeres lo que puede acarrearle un problema adicional por violencia política de género, ya que carece de pruebas en ambos casos. Respecto a la descalificación que hace de la jueza, señala: “Diferimos del criterio que utilizó la jueza María León Linarte, del juzgado quince de distrito, en beneficio de Bernardo “N”, ex subsecretario de Finanzas de la administración anterior. Vamos a estar muy atentos y como yo lo dije; que sepa la gente que en el nivel federal todavía hay algunos jueces que se exceden en favor de los presuntos culpables de corrupción”.
Mientras que los jueces que integran la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, comentan: “De igual forma, ofende la exhibición pública e injustificada de las personas juzgadoras federales, por cumplir con su delicada función constitucional de impartir justicia, tales actos no solo vulneran su dignidad, sino también ponen en riesgo a sus familias, máxime si se trata de titulares mujeres como es el caso de la Jueza de Distrito, Daniela María León Linarte, adscrita al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa”.
El gobernador en su conferencia de prensa del jueves pasado en Palacio de Gobierno, el mandatario veracruzano se lanzó contra León Linarte por “beneficiar” a Bernardo “N”, ex subsecretario de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Yunes. Aseguró estar en desacuerdo con “los criterios emitidos por jueces federales” al ordenar a jueces de control del Poder Judicial de Veracruz, repetir audiencias con beneficios a acusados de delitos de corrupción para no aplicarles la prisión preventiva oficiosa porque, aunque esté detenido, el juez ordena que se reponga la audiencia para dejarlo en posibilidad de alcanzar la libertad.
Ante esta situación el delito por el que se le acusa a Segura Molina, junto a otros ex servidores públicos, es malversar, al menos 32 millones de pesos. El mismo proceso se abrió en contra de la ex titular de Finanzas, Clementina Guerrero, así como Adrián Viccon y Francisco Virúes, todos ex trabajadores de la dependencia.
La Asociación de jueces lamentó públicamente que se instruya a las autoridades de gobierno a desacatar las resoluciones de juzgadoras y juzgadores federales, advirtiendo que ello constituye “responsabilidad administrativa como penal”. Añade que el gobernador “ofende la exhibición pública e injustificada” de las juzgadoras federales.
En la acusación contra la diputada morenista, Cuitláhuac García Jiménez, responsabilizó a la diputada Eusebia Cortes Pérez por solicitar “gestiones indebidas” ante la Dirección de Transporte Público y la emplazó a explicar cómo obtuvo sus placas de taxis que tiene en Coatzacoalcos. Añadió que ella es concesionaria del transporte público en su modalidad de taxi y está realizando “cositas indebidas”.
Advirtió que si la legisladora de Morena tiene pruebas de corrupción al interior de Transporte Público que las presente en la Fiscalía. “Que le informen sus asesores dónde se presentan las denuncias y nosotros vamos a actuar, porque nosotros no solapamos a nadie”, comentó.
El gobernador debe mantener la calma en situaciones de extrema precisión, que le permitan ser puntal y exacto en las acusaciones. Estos dos caos son un ejemplo de declaraciones poco pensadas y con cierta intención de descalificar, por lo que se hace necesaria la serenidad y la paciencia.
A mediados de febrero del presente año, la diputada federal, Maryjose Gamboa Torales, exigió a las instancias legales que actúen y se castigue la conducta del gobernador, Cuitláhuac García, además de que garanticen un ambiente de respeto hacia las mujeres y de libertad para las y los periodistas.
Señaló que los veracruzanos fueron testigos del desplante de Cuitláhuac García en contra de la periodista de Xalapa, Sarah Landa, contra quien el mandatario estatal había ejercido supuestamente, violencia política de género y menoscabó la libertad de expresión de la periodista, según afirma la diputada panista.
La dinámica de las leyes, la velocidad de las reformas y la constante transformación suele a veces no ser comprendida por los propios impulsores de los cambios, de otra manera hubiera más tacto y diplomacia a la hora de dirigirse a una mujer dentro y fuera del ámbito político.