Nuestra Constitución política es el cimiento jurídico que las y los mexicanos tenemos para hacer valer el Estado de Derecho y sus instituciones legalmente constituidas como lo son también los poderes de la Unión.
Su estructuración por el constituyente permanente promulgado el 5 de febrero de 1917, nos ha permitido en más de cien años, perfeccionar nuestro sistema democrático y legal, entendiendo a la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
La democracia perfectible, nos ha permitido alternancias en el poder público y garantizar el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales, que, en caso de ser violentadas, pueden ser recurribles mediante el juicio de amparo ante el Poder Judicial Federal.
El artículo 49 de la Constitución Política Mexicana, sin ninguna reforma constitucional desde 1959, determina que, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación.
El articulado dedicado en nuestra Constitución Política al Poder Judicial Federal y, el Consejo de la Judicatura, (94 al 107 incluido los que reglamentan la Ley de Amparo) son claros y precisos al mencionar que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito.
Precisamente intereses ajenos a la democracia y al Estado de Derecho, así como el desconocimiento del orden jurídico constitucional son quienes, de manera artera, anónima, tras bambalinas, contraria a la ley, y sin saber el daño que se le puede ocasionar a la división de poderes, atacan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su Ministra Presidenta y Ministros de la Corte con el fin de debilitarla, quienes alejados de intereses de cualquier tipo, cumplen a cabalidad con su actividad profesional, respetando la constitución y las leyes que de ella emanan y lo más importante, garantizando justicia a los justiciables.
Hoy otro ataque, pero a su presupuesto se trabaja en silencio para quitarles de un golpe en el 2024, un cuarto de su presupuesto federal, que no representa un gasto superfluo sino uno necesario para sus funciones de impartición de justicia, que sí, debe ser auditado permanentemente en un país donde la transparencia y rendición de cuentas deben ser parte integral del país. Además de que debe ser informado su gasto en los informes de la Ccorte.
Los ataques infundados a la SCJN vienen dándose desde tiempo atrás, tanto por una parte del Poder Legislativo, como por otra del Ejecutivo Federal, últimamente por miembros de la Propia Administración Pública, así como de dirigentes de partidos y ciudadanos utilizados que lamentablemente al ser cuestionados por qué mantienen plantones frente a la SCJN, no saben qué decir.
Quienes dijeron cumplir y hacer cumplir la Constitución no lo hacen y ahora quieren adecuarla a su modo, a intereses transexenales, opacos, antidemocráticos, alejados de todo orden constitucional.
Cierto es que México exige justicia y desarrollo social, deudas implacables de los gobiernos para los mexicanos, pero no es rompiendo el orden constitucional y atacar a la SCJN, denostándola, incluso alentando desde cualquier tribuna a posibles atentados contra sus ministros, su Presidenta Norma Piña.
La marchas nacionales y en los Estados en defensa de la SCJN en el pasado reciente, dejó claro que miles de voces, pensantes, propositivas y críticas, no dejarán que se ataque ni hoy ni nunca a este Poder Judicial y contrapeso constitucional, que recibe precisamente los ataques, al no doblegarse, no arrodillarse ante nada ni ante nadie, porque tiene un mandato constitucional que cumplir.
Los abogados del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución, hoy levantamos la voz y mencionamos que, a lo ancho y lo largo del país, hemos decidido ser defensores de la SCJN, sus Ministros democráticos y justos y en el eEspecial de su Presidenta Norma Piña, a quien le ha tocado librar una de las batallas más difíciles pero no imposible de vencer de este Poder Judicial Federal, ante quienes no solamente quieren romper el orden democrático nacional, sino darle fin al orden constitucional de México.
El Frente se opone a la inciativa de reforma de la Ley Orgáinicadel Poder Judicial de la Federación, con la cual el grupo parlamentarios de Morena busca extinguir 13 de sus fondos y fideicomisos, lo que dará como resultado que se limite la operatividad del Poder Judicial y con ello el derecho de acceso a la justicia, al debilitar a esta institución que ha buscado mantener el equilibiro del poder al resolver apegada a la Constitución de los abusos de poder del Ejecutivo Federal , buscando porteger el Estado de Derecho. Es por ello que exhortamos a los legisladores que juraron hacer cumplir la Cpnstitución se opngan a esta inciaitiva.
Somos muchos quienes, conociendo el Derecho, hacemos un llamado a las abogadas y abogados de México, a las y los estudiantes de Derecho del país y a la sociedad en general, a sumarse a la defensa permanente de las instituciones de México y del Poder Judicial Federal. Porque en una lucha justa no se da ni un paso atrás, sobre todo, cuando pugnamos por respetar la constitución mexicana y el irrestricto imperio del Estado de Derecho.
Hacemos un exhorto a los poderes de la unión a trabajar en conjunto por el bien de México y su grandeza, trabajo donde el dialogo y la concertación deben ser las máximas a seguir.
Noviembre de 2023