* Con ello se avanza en la reivindicación de la dignidad de Arturo Medina y de su lucha por justicia.
Por: Alejandra Cortina
En el marco del Dictamen 32/2015 se llevó a cabo el “Primer Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional para Personas con Discapacidad”, el cual forma parte de una serie de recomendaciones emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas al Estado Mexicano a favor de Arturo Medina Vela.
Dicho dictamen, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, “determina la responsabilidad internacional del Estado Mexicano al incumplir con algunas de sus obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el caso de Arturo Medina. Se trata del primer caso que resuelve dicho Comité en relación con las obligaciones del Estado mexicano sobre la base de esta Convención”.
¿Quién es Arturo Medina Vela? Arturo es una persona en condición de discapacidad intelectual y psicosocial que en 2011 fue detenido por el policía acusado de haber robado un vehículo, esto según imágenes de las cámaras de videovigilancia del lugar, mismas que nunca fueron presentadas dentro del proceso penal que se llevó en su contra, aun cuando fueron requeridas por la defensa.
Al respecto, la Sra. Judith madre de Arturo, acudió a la Fiscalía y declaró que su hijo “debido a su discapacidad, no sabía manejar vehículo y que nunca lo había hecho. Asimismo, presentó la documentación que acreditaba la discapacidad”.
Pese a lo anterior, Arturo fue inculpado de la comisión de un delito sin fundamentos, se le sometió al Procedimiento Especial para Inimputables, no se le reconoció su capacidad jurídica y se le impidió el acceso a la justicia en igualdad, siendo excluido del proceso penal, al negarle “sus derechos a declarar, a nombrar abogado de su elección y a interponer los recursos disponibles en igualdad de condiciones con las demás personas que se encuentran bajo proceso. Además, se le impusieron medidas de seguridad privativas de la libertad con base únicamente en certificados médicos”.
En el acto estuvieron presentes las víctimas, la representación del Estado Mexicano, miembros del Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México, así como el equipo de Documenta A.C. quienes representaron a Arturo y a su madre.
Durante el evento, el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Cristopher Ballinas Valdés hizo uso de la voz en Representación de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores y de la Subsecretaria Martha Delgado, recalcó que las disculpas públicas y reconocimiento de la responsabilidad del Estado Mexicano de los hechos ocurridos en el pasado forma parte de la reparación integral “por no haber actuado en su momento con la debida diligencia”, así mismo, destacó que uno de los compromisos adquiridos debe ser garantizar a todas las personas con discapacidad la igualdad legal y efectiva para evitar la discriminación.
Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, destacó que los hechos que vivió Arturo Medina el 14 de septiembre de 2011, motivaron la violación a sus “derechos humanos por parte de los órganos de procuración y administración de justicia, son lamentablemente un ejemplo claro de una forma obsoleta prejuiciosa y discriminatoria de aplicar la ley”. Además, habló sobre la importancia de que las instituciones protejan los derechos de las personas con discapacidad porque de ellos depende “la libertad y el proyecto de vida de otras personas”, siendo urgente la transversalización del enfoque de derechos humanos.
Al mismo tiempo precisó la urgente necesidad de realizar cambios integrales en materia de acceso a la justicia de las personas con discapacidad “en todos los niveles no solo en materia de accesibilidad sino en materia de ajustes de procedimiento para que a las personas con discapacidad psicosocial les sea posible y sin ninguna traba declarar, argumentar, decidir y conocer los alcances de una determinación jurídica penal o judicial sobre su persona ya sea en su calidad de víctima, imputado o testigo”.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Foto tomada de redes sociales.
La disculpa pública estuvo a cargo del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez: “Estamos en este acto para ofrecerte una disculpa pública a nombre del Estado Mexicano, no solo porque es un mandamiento que nos ha dictado la organización de las naciones unidas sino porque es convicción de quienes representamos al Estado Mexicano en este acto(…) A nombre del gobierno de México te ofrezco una disculpa sin condición alguna por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa por la falta de garantía, una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de procuración e impartición de justicia incurrió en tu agravio hace una década”.
Este dictamen, primero en su tipo, constituye “un llamado urgente para atender a cientos de miles de personas con discapacidad que no tienen plena garantía de acceder a la justicia”.
Así mismo, subrayó que la Secretaría de Gobernación acompañará el proceso de armonización y modificación legislativa para garantizar la igualdad jurídica de las siguientes leyes:
- Código Penal y de Procedimientos Penales, respecto de la figura de inimputabilidad y las medidas de seguridad o de tratamiento para personas inimputables.
- Código Civil y de Procedimientos Civiles, respecto a las restricciones al ejercicio de capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
- Ley General de Salud, en lo relativo a los internamientos involuntarios y las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Finalmente, la madre de Arturo Medina de manera emotiva dirigió unas palabras en respuesta a la disculpa por parte del Estado Mexicano, aceptándolas en nombre de Arturo y toda la familia, recordando además, la importancia de tomar conciencia que existen muchos casos como el de Arturo.
Este es el primer paso de una serie de compromisos y acciones que deberán instrumentarse en un plazo se seis meses, lapso en el que México habrá de presentar ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, una respuesta por escrito que incluya la información respecto de las medidas que haya adoptado a partir de la vista del Dictamen 32/2015.