Si no hay dinero, no se requiere de facultades adivinatorias para adelantar la casi imposible realización de una consulta ciudadana para la revocación del mandato presidencial en los términos establecidos por la Constitución General de la República; simplemente porque un proceso de esa naturaleza debe cubrir requisitos equiparables a una elección federal y, dada la negativa de la Cámara de diputados para autorizar el presupuesto requerido el Instituto Electoral no obtiene capacidad para emprenderlo. Sin embargo, si el INE no está en aptitud para realizarla, el presidente López Obrador propone cinco encuestas telefónicas, levantadas por cinco diferentes encuestadoras para esa Consulta de Revocación de Mandato, “recabando” dinero para cubrir su costo. Por supuesto, la propuesta presidencial para conocer la opinión ciudadana en torno a la Revocación es factible, aunque no cubre el requisito constitucional y por lo mismo sus resultados no equivalen, legalmente, a una Consulta de Revocación de Mandato ni alcanzan categoría de vinculatoria; pero serviría, sin duda, para que el presidente los utilice como constancia de su popularidad y la favorable aceptación hacia su persona de parte de los consultados. De esa manera, finalmente se cumplirá con el propósito gobiernista de utilizar ese proceso como plataforma de relanzamiento en ruta hacia la elección 2024, alentando y madurando el posicionamiento de Morena en el imaginario colectivo. Sobre si esa estrategia es moralmente aceptable es materia de una valoración social que en primera y última instancia nada tiene que ver con la ganancia política que se obtiene porque, hay que decirlo, esa maniobra es una de las grandes ventajas de tener la sartén por el mango, el ejercicio del poder, pues.
Alfredo Bielma Villanueva