Hasta hoy, la mayoría de las encuestas anticipadas dan amplias ventajas a Claudia Sheinbaum para la Presidencia de la República y a Rocío Nahle para la gubernatura de Veracruz.
Por los cuestionamientos que vienen enfrentando las dos morenistas –una por los sospechosos contratos millonarios que asignó su gobierno en la CDMX, y la otra por la inconclusa refinería de Dos Bocas, cuya inversión inicial de 8 mil millones de dólares ya se duplicó–, los augurios para el país y la entidad veracruzana, en caso de que ambas ganaran las elecciones de junio próximo, no son nada esperanzadores. La “Estafa Maestra” del sexenio priista de Enrique Peña Nieto y casos como el de Segalmex, que ha marcado al actual régimen de la 4T, amenazan con seguir reproduciéndose porque francamente no se ve todavía una decisión firme de acabar de raíz con los actos de corrupción.
Por ejemplo, el reportero Jorge García Orozco, de la revista Etcétera, publicó el 25 de septiembre pasado que, como jefa de Gobierno de la CDMX, Sheinbaum pagó 432 millones de pesos por el “Servicio de Transporte de Residuos Sólidos Urbanos de las Estaciones de Transferencia, Planta de Composta y Rechazo de las Plantas de Selección a los Sitios de Disposición Final Autorizados” a una persona física que reportó como domicilio fiscal la calle Jerusalén número 85, Colonia del Maestro, en Azcapotzalco, donde hay un molino, una tintorería y varios puestos ambulantes, además de una taquería. Fueron 12 contratos asignados a un individuo de nombre Luis Enrique Junco Ortiz.
La revista obtuvo una imagen a través de Google Maps para demostrar que el lugar no se corresponde con una empresa que pueda asumir el procesamiento de los residuos de varias estaciones de transferencia y diversas plantas de basura. Tampoco detectaron vehículos de gran tamaño.
Del misterioso empresario solo encontró la referencia de que es socio de THE STAR OF SAN FELIPE TWO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V, en Mexicali, Baja California, una sociedad cooperativa para importar todo tipo de bienes y servicios. Por el Registro Público del condado de Hidalgo, en Texas, descubrió que tiene una propiedad en Augusta Drive.
Por un registro hallado en internet, del año 2001, descubrió que Junco Ortiz tenía su domicilio empresarial en Avenida 22 de Febrero número 307, en Azcapotzalco, CDMX.
Otro registro del 15 de febrero de 1996 señala que el entonces Departamento del Distrito Federal le dio un contrato de 4 millones 944 mil 640 pesos, también para transporte de desechos sólidos.
Igualmente localizó dos contratos del año 2016 por 96 millones de pesos, con la administración del perredista Miguel Ángel Mancera, cuyo gobierno reportó en 2014 que gastaba mil millones de pesos para tirar la basura y que contaba con el servicio de nueve empresas. Uno de sus proveedores fue Luis Enrique Junco, de quien Etcétera no ha encontrado fotografías en las redes sociales. Con Sheinbaum, el misterioso empresario cobró cinco veces más.
Este caso hace recordar el de Araly Rodríguez Vez, una modesta empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) a la que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado le pagó más de 100 millones de pesos como “proveedora”, mientras que la Secretaría de Salud le concedió otros 27 de 35 contratos también por asignación directa, según denunció en el Congreso local el diputado Marlon Ramírez Marín, quien acaba de entregar la dirigencia estatal del PRI.
El 29 de noviembre del año pasado, Ramírez Marín –quien este miércoles fue nombrado por el CEN del PRI Secretario Regional para los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos–, acusó que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que dirige Elio Hernández, había entregado obras a empresas de reciente creación por el orden de los 320 millones de pesos, de los que fueron observados 56 como presunto daño patrimonial, señalando además que esta Dependencia es la que tenía el mayor subejercicio de la actual administración estatal.
“No se ejercieron mil 200 millones de pesos este año, a lo que se le suma que en la Cuenta Pública existe una observación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por anticipos que la Dependencia entregó a contratistas por mil 300 millones de pesos en 2021”, expuso el legislador priista durante la comparecencia del titular de la SIOP ante el Congreso local con motivo del cuarto informe del gobernador Cuitláhuac García.
Marlon mostró un contrato en el que la SIOP le entregó a una persona física de nombre Víctor Manuel López Sandria, de 27 años de edad, quien nombró a un apoderado de nombre José Octavio Méndez Morales, para una obra asignada por 11.5 millones de pesos, cuando la Ley de Obras Públicas exige experiencia suficiente para llevar a cabo este tipo de obras.
“¿Por qué esa práctica reiterada en su Dependencia de entregar a empresas de nueva creación contratos que ascienden a 320 millones de pesos?, ¿por qué a una persona física con un representante legal, le entregan un contrato por 11.5 millones de pesos?”, cuestionó el diputado del Grupo Parlamentario del PRI.
Inclusive, Ramírez Marín mostró la fotografía del domicilio fiscal de la empresa LMN Constructores Asociados, a la que la SIOP le entregó más de 32 millones de pesos. También exhibió otra imagen del domicilio fiscal en la colonia El Sumidero, observándose viviendas muy “modestas”
“¿Eso le parece una buena práctica? Se supone que dijeron que eran diferentes”, le recriminó el priista, quien remarcó que las empresas de nueva creación a las que se les entregaron contratos no son de administraciones pasadas, sino de la actual, creadas a partir de 2019.
“Hay domicilios que coinciden, empresas que tienen el mismo domicilio, y son situaciones que debe aclarar no a mí, sino a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior, que es quien lo tiene observado”, puntualizó Ramírez Marín.
En respuesta, intentando desviar los cuestionamientos directos, el titular de la SIOP argumentó que se trata de prácticas en gobiernos pasados, pero reconoció que sí han entregado obras a empresas de reciente creación, lo que violenta la ley. “Son veinte y tantas empresas de reciente creación, tenemos más de 600 obras entonces creo que no es un porcentaje muy alto, lo importante es que se haga la obra”, arguyó. Total, qué tanto es tantito.
Asimismo, admitió las irregularidades en los domicilios fiscales que no corresponden a una empresa con experiencia. “Las empresas a veces tienen sus domicilios así, no precisamente tienen que estar en la Torre Ánimas o en la JV, no le veo ningún problema”, contestó muy quitado de la pena.
¿Podrán Sheinbaum y Nahle como gobernantes erradicar este tipo de prácticas del pasado que ahora en los regímenes de Morena, tanto en la Federación como en los estados, se siguen replicando tan burdamente? Pero primero deberán ganar la elección. Habrá que ver qué tanto les pesan o restan estos lastres.