(Primera parte)

¡La cueva de Alí Baba!

El organismo de fiscalización de las cuentas del gobierno del estado, ORFIS, solo ha servido para el enriquecimiento de unos cuantos a cambio del desfalco millonario de las arcas públicas que arrastran un endeudamiento superior a los 50 mil millones de pesos.

Antes de 40 años los veracruzanos no habremos pagado los empréstitos contraídos con la banca nacional e internacional de los gobiernos de Miguel Alemán a Cuitláhuac García.

Más de tres lustros han trascurrido desde el inicio de la tragedia financiera de pedir prestado de manera sucesiva hasta formar una cadena de deudas impagables.

Y para cumplir el propósito de esa legendaria ratería disfrazada, Veracruz creó una institución simuladora que orondamente denominó Órgano de Fiscalización Superior, por sus siglas Orfis, cuya tarea fundamental ha sido la de “revisar” y “aprobar” el gasto de los ingresos del gobierno y municipios.

Así, con apoyo del Congreso a través de una pretendida Comisión de Vigilancia, creó una cadena de complicidades simple, pero eficaz para justificar las pillerías de los gobiernos en turno.

Una montaña de oficinas asesoras en materia contable y de auditoría fiscal operan en favor del gobierno del estado y los ediles de los 212 municipios para maquillar cuentas y dar una salida legal, previo moche con los auditores de ORFIS.

Así ha funcionado el negocio desde su creación.

Así llega en septiembre de 2019, con ese pacto de complicidad, la actual titular de ORFIS, Delia González Cobos para cubrir el periodo ‪2019-2026‬, que garantice la presunta “honestidad y transparencia” en la rendición de cuentas de Cuitláhuac García.

González Cobos, proviene de la Secretaría de Finanzas, al igual que toda esa camada de incondicionales que gestó el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, para cubrirle las espaldas a su primo hermano, el gobernador, así como dar paso a otras encomiendas.

En las recientes elecciones para renovar las presidencias municipales y diputaciones la Secretaría de Gobierno implementó un mecanismo de chantajes y amenazas para empujar el voto a favor de Morena ya que de lo contrario les revisarían las cuentas que eventualmente los llevaría a la cárcel.

Así fue como buena parte de los ediles del PRI-PAN-MC y PRD se alinearon al aprovechar Eric Cisneros la información que le proporcionó ORFIS.

Pasadas las elecciones y cumplido el propósito, sin embargo, a nivel federal se hizo insostenible el brutal aparato de holgazanes que alberga ORFIS.

Las nuevas políticas federales con la llegada de David Rogelio Colmenares Páramo, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría llevar a que los entes de fiscalización estatales, como ORFIS, desaparezcan.

La ASF considera que es necio tener un organismo fiscalizados local ya que tiene el control de los 92 de cada 100 pesos que se gastan en las entidades ya que es la federación la que envía el recurso.

Por tanto, corresponde a la ASF asumir la responsabilidad de revisar cómo se gasta el dinero a nivel federal y estatal.

Cobra vigencia la reforma al artículo 79 de la Constitución Política federal, que faculta “exclusivamente” a la ASF para fiscalizar los recursos federales administrados o ejercidos por los gobiernos locales y particulares.

A la ASF también corresponde revisar los empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación, la deuda pública y la disciplina financiera, para la fiscalización de las participaciones federales.

Por tanto, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a cargo de Delia González Cobos, sobra.

Hace unos días se hizo público que el tres de julio del 2020, hace poco más de un año, la Auditora General envió el oficio OFS/AG/3432/07/2020 dirigido a Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a quien consultó sobre las atribuciones del Orfis en la revisión de los recursos que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los estados.

Como parte del argumento para mantener la revisión de fondos federales, González Cobos refiere que el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución, que establece como facultad de las Legislaturas Locales fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública sin distinguir la naturaleza, ni la procedencia de los fondos a que se refiere.

Se le respondió, sin embargo, que las disposiciones legales no dejan lugar a interpretación respecto a qué autoridad le corresponde fiscalizar los recursos federales, toda vez que precisan que la ASF es la titular de esa facultad.

El presupuesto del gobierno de Veracruz para este 2021, según el decreto oficial, es de 128 mil 420 millones de pesos, de ese total 121 mil millones los ministra la federación al estado, es decir, es el monto que deberá revisar la ASF en el manejo financiero.

Los ingresos del estado se limitan a 7 mil 294 millones, dinero que tendrá que auditar el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Del total del presupuesto estatal, se asignaron 25 mil 701 millones para los 212 municipios que también tienen dependencia de lo que se envía desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Conclusión:

¿Sirve para algo más ORFIS que para manejos turbios, intermediaciones corruptas y maniobreo político electoral?

A quien se debe auditar es a ORFIS, que asoma tremenda cola de la cual daremos cuenta en la siguiente entrega.

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo