Una jueza federal le concedió un amparo liso y llano tras concluir que la Fiscalía de Veracruz no recabó pruebas
Agencias
Municipiosur.com
Antonio Zaleta Jiménez, uno de los 11 presuntos implicados en el crimen de la periodista María Elena Ferral -acribillada el 30 de marzo de 2020- fue liberado este miércoles 28 de febrero. Una jueza federal le concedió un amparo liso y llano tras concluir que la Fiscalía General de Veracruz no recabó pruebas, si quiera mínimas, para mantenerlo vinculado a proceso. La jueza decimoprimera de distrito en el estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, Natividad Regina Martínez Ramírez, instruyó en la sentencia de amparo 43/2023 dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso contra Antonio Zaleta Jiménez, un hombre de 30 años, de oficio taxista, a quien la autoridad ministerial no logró acreditar que participó como “halcón” en el asesinato de María Elena Ferral Hernández. María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa y dueña del portal Quinto Poder de Veracruz, fue interceptada por dos hombres en motocicleta la tarde del 30 de marzo de 2020, al salir de una notaría en el municipio de Papantla. Allí recibió tres impactos de bala (calibre 45) que perforaron su abdomen y le provocaron la muerte horas después en el hospital regional de Poza Rica. Por este caso cuatro hombres ya fueron sentenciados con 30 años de prisión, dos están prófugos, incluido Camerino Basilio Picazo Pérez, un político y cacique considerado autor intelectual del crimen, y cuatro más permanecen detenidos en espera de una sentencia. Por su parte, Antonio Zaleta salió del penal de Papantla, Veracruz, la tarde de este 28 de febrero sin cargos en su contra. Su caso abre la posibilidad de que más acusados también sean liberados y eso pone en jaque a la administración del gobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez, quien se comprometió a hacer justicia por la periodista veracruzana. En cuanto al proceso judicial contra Antonio Zaleta, la jueza federal, Natividad Regina Martínez, determinó que la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (FIM) aportó las declaraciones de dos testigos por referencia de terceros (también conocidos como testigos de oídas), en las cuales hablan de una probable mecánica para asesinar a Elena Ferral, pero no mencionan el nombre de Zaleta como partícipe. De acuerdo con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que exista un auto de vinculación a proceso debe existir una probabilidad razonable de que la persona participó en un delito, lo que la fiscalía no pudo demostrar. Uno de los testigos aportados por la Fiscalía es hermano de Antonio Zaleta. La otra es una joven que atendía una pastelería, identificada como testigo 006, quien tras rendir su declaración y “colaborar con la autoridad” desapareció. A la fecha su familia la busca y teme que su desaparición se haya dado en un cotnexto de violencia. Con la sentencia de amparo 43/2023, que es pública, la jueza federal Natividad Regina Martínez instruyó al juez de control de Veracruz, José Luis Mapel Martinez, citar a audiencia este miércoles 28 de febrero, a las 8 de la mañana, donde debió dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso contra Antonio Zaleta y convocar inmediatamente a una nueva audiencia inicial en la que todo era adverso para la Fiscalía. En esta nueva audiencia no hubo espacio para que la Fiscalía ni la defensa del taxista intervinieran. El juez local, José Luis Mapel Martinez, consideró que, con los datos de prueba que aportó la Fiscalía, “no se acredita la probable participación del quejoso en los hechos materia de imputación” y en consecuencia tampoco lo vinculó a proceso por el delito de homicidio doloso calificado. La sentencia de amparo en favor Zaleta fue ratificada por unanimidad en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. La Fiscalía de investigaciones ministeriales presentó un recurso de inconformidad ante dicha resolución, pero sus argumentos fueron desechados por tres magistrados: Antonio Soto Martínez, José Saturnino Suero Alva y Perla Ivette Gordillo López, secretaria en funciones de magistrada. A lo largo del último año, La Silla Rota ha vigilado el juicio por el crimen de María Elena Ferral como parte de un proyecto del Fondo de Resiliencia, de la Organización Global Initiative against Transnational Organized Crime (G.I.). Durante este proceso judicial, se cuestiona por qué la Fiscalía no investigó el caso con perspectiva de género, ni solicitó al juez en las cuatro sentencias conseguidas hasta ahora considerar la agravante por tratarse de un delito contra la libertad de expresión, pues la propia fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, aseguró el 7 de mayo de 2020 que María Elena fue asesinada “por su labor periodística”. Aunado a ello, fue documentado en este tiempo que la responsable de coordinar todas las investigaciones de este caso es Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de investigaciones ministeriales), quien tuvo una relación política estrecha con el presunto autor intelectual de este asesinato: Camerino Basilio Picazo Pérez. (Con información de La Silla Rota).