Héctor Yunes Landa*
Sin demeritar el papel estratégico que juegan los jóvenes en la reconstrucción del país y sus instituciones, los jubilados y pensionados están destinados a ser el nuevo gran movimiento social en México.
La reforma al artículo 127 Constitucional impuso un límite a las jubilaciones de extrabajadores de confianza de empresas paraestatales, estableciendo que ninguna pensión puede superar un porcentaje o el equivalente al salario de la titular del Ejecutivo Federal, lo que provocó recortes de entre 10% y 70% en extrabajadores de empresas como Pemex y CFE. Esta medida también tiene un carácter retroactivo.
Esto provocó la protesta y movilización de miles de trabajadores jubilados, pensionados y en activo.
En respuesta a sus demandas, el pasado 9 de septiembre presente ante el pleno del Congreso de Veracruz una iniciativa de reforma al mismo artículo 127 constitucional para elevar el límite pensionario, impedir la acción retroactiva de la reforma que los despoja de sus derechos; y la restitución íntegra de las pensiones afectadas.
No podemos permitir el atraco en pensiones y jubilaciones, porque entonces irán por el último botín: las afores.
Con la reducción del monto de las pensiones y su retroactividad, el gobierno pretende obtener un ahorro anual de aproximadamente 5 mil millones de pesos, recursos que presumiblemente serán destinados a financiar programas sociales.
¿Cuánto significa esta cantidad? Para ponerlo en perspectiva, en el primer semestre de 2026, Petróleos Mexicanos (PEMEX) acumuló una pérdida neta de ¡¡27,969 millones de pesos!!, es decir, casi seis veces lo que piensa recaudar del bolsillo de los jubilados y pensionados.
¿No sería más fácil combatir el huachicol fiscal que tan solo en el gobierno de López Obrador nos costó a los mexicanos más de 600 mil millones de pesos? Bien decía el jefe del cártel de Morena cuando confesó que “todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República”.
Entonces no se trata de un problema económico y de confrontación, sino de legalidad.
Un límite razonable debe evitar privilegios indebidos, pero también impedir que se produzcan reducciones desproporcionadas que vulneren la dignidad y la seguridad económica de los jubilados.
La ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna, sin importar el yugo impostor de la ‘Tremenda Corte’ de Justicia. No podemos legislar hoy para alterar derechos consolidados ayer. Además, la restitución íntegra de las pensiones afectadas no trata de otorgar un privilegio, sino de corregir una afectación.
Si como consecuencia de la aplicación de un límite pensionario se han reducido pensiones previamente reconocidas, resulta indispensable restituir íntegramente las cantidades que fueron afectadas, conforme al marco jurídico aplicable.
Morena pagará muy caro el despojo a jubilados y pensionados. Ya han tomado las calles y muy pronto lo reclamarán en las urnas.
La puntita
No tengo palabras para agradecer la producción de una novela para hacer la semblanza de mi vida política, aunque muy en el fondo, su propósito era madrearme.
Lo que pretendían que fuera la tormenta perfecta, resultó una refrescante lluvia de verano para mí… ¡Nunca me imaginé ser objeto de la ingenua generosidad de la 4t!
*Presidente de Alianza Generacional por Veracruz