A golpes y empujones reprimieron a los pobladores de las Trancas
Se ausentaron los funcionarios de política regional de la Segob
No escapa de la responsabilidad Daniel Baizabal, que dejó crecer el problema
No hay ninguna justificación válida para que las autoridades en sus distintos niveles, sustituyan el dialogo, la negociación y los acuerdos por la represión, agresión, intimidación, la amenaza o la ley del tolete para desalojar a los manifestantes.
El desalojo violento en zona conocida como Las Trancas ocurrió este martes, cuando más de 50 policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), replegaron por la fuerza a manifestantes en la carretera Las Trancas-Coatepec. Las imágenes que publicaron varios medios de comunicación fueron mas que elocuentes.
Resulta que los habitantes del municipio de Emiliano Zapata mantenían bloqueada la vialidad, para exigir urgentemente la reparación de baches y la rehabilitación general de la carretera Coatepec-Las Trancas porque se habían registrado muchos accidentes por las lluvias y porque el concreto se volvió resbaloso. Esa era su demanda, ese era su “delito”.
Elementos estatales con equipo antimotines intervinieron para abrir el paso vehicular mediante golpes, jaloneos y empujones denunciados por los vecinos afectados. Reacción social: Tras el primer repliegue de los granaderos, los pobladores volvieron a organizarse para cerrar de nuevo la circulación vehicular en protesta por la agresión.
Durante el desalojo del bloqueo en la carretera Las Trancas-Coatepec (a la altura de las localidades de Alborada y El Chico), los vecinos denunciaron haber sufrido golpes, jaloneos y agresiones físicas por parte de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Las autoridades utilizan la fuerza pública, como la «ley del tolete» (uso de bastones policiales) y técnicas antidisturbios, con el objetivo de restablecer el orden público y proteger los derechos de terceros. Sin embargo, el uso de la fuerza debe ser estrictamente proporcional, gradual y utilizarse solo como último recurso ante actos de violencia. En el caso de la manifestación que este martes fue reprimida en la zona de las Trancas era expresión pacifica, los pobladores demandaban la reparación de tramos carreteros que conecta con sus comunidades.
No se escapa de la responsabilidad de esta agresión el alcalde de Emiliano Zapata, Daniel Baizabal, que no atendió como primer respondiente la queja de los habitantes de su municipio y dejó que el problema creciera y este joven lleva ya seis meses al frente del gobierno municipal pero moreno tenía que ser.
Sin embargo, organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, sostienen que las autoridades no deben usar el comportamiento violento de unos pocos como pretexto para reprimir una protesta en su totalidad. El uso excesivo o arbitrario de la fuerza y los toletes es considerado una violación a los derechos humanos a la libre reunión y expresión.
Antes de reprimir a los ciudadanos se deben agotar las negociaciones, acuerdos y ampliar los puentes de entendimiento y eso no se llevó a cabo, al menos no vimos que llegaran a la zona donde ayer se manifestaban los pobladores.
Los funcionarios de la Dirección General de Política Regional (dependiente de la Secretaría de Gobierno), según operan como mediadores políticos en el estado de Veracruz. Su función principal es prevenir conflictos sociales, atender demandas ciudadanas y mantener la estabilidad política, actuando mediante las siguientes tareas clave; mediación y negociación asegurarse que se instalen mesas de diálogo para resolver inconformidades de organizaciones sociales, sindicatos, grupos indígenas y pobladores.
Los funcionarios de la Segob, están obligados a supervisar y atender problemas político-sociales, directamente en los municipios, a través de sus delegaciones regionales para evitar el escalamiento de protestas.
El área de Gestión ciudadana, canalizan las demandas de obras y servicios públicos de la población hacia las dependencias gubernamentales correspondientes. Estabilidad social, monitorean el clima político y social en las distintas regiones de Veracruz para anticipar y mitigar contingencias, que afecten la gobernabilidad. Esto es precisamente lo que no realizan, hacen caso omiso a las demandas sociales y no intervienen, lo que permite que los problemas estallen convirtiéndose en movimiento sociales.
Los funcionarios de la Secretaria de Gobierno prefirieron el confort de sus oficinas climatizadas y alfombradas que acudir a cumplir con su obligación, eligieron enviar a los elementos antimotines para reprimir a los quejosos que tender puentes de diálogo y negociación, violando los derechos humanos de los ciudadanos.
El pueblo tiene memoria y puede ser que en las elecciones intermedias que se realizara en el primer domingo de junio del año próximo, los afectados apliquen el voto de castigo a las y los candidatos del gobierno actual.